Asesoría

Las operaciones de fusión y escisión no sólo se llevan a cabo por grandes compañías sino que, son operaciones relativamente frecuentes en empresas de reducida dimensión, de carácter marcadamente familiar.

El legislador ha establecido un régimen fiscal especial para las operaciones de fusión, escisión, aportaciones de activos y canje de valores, a través del cual se pretende que la fiscalidad tenga un papel neutral cuando se cumplan determinados requisitos, de tal manera que la ejecución de una reestructuración societaria en estos casos no determine una carga tributaria.

De no existir este régimen fiscal especial el pago de impuestos derivados de las reestructuraciones societarias imposibilitaría,  en la mayoría de los casos, ejecutar una operación mercantil de estas características.

El fundamento del régimen fiscal especial reside en que la fiscalidad no sea un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización. De entre los requisitos que se exigen de este tipo de operaciones se justifique en motivos económicos válidos y no por razones de índole tributaria, tales como la evasión fiscal o el mero ahorro de impuestos.

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Cuando una empresa pasa por dificultades, la ley establece un procedimiento especial para salir del bache: la declaración de concurso de acreedores. Y decimos bien: para salir del bache. Así, el concurso no se debe ver como una solución para aquella sociedad afectada que ya no tiene remedio; al contrario, lo que la ley persigue es que la empresa continúe su actividad y pueda superar la situación de insolvencia.

Lo que hace el concurso es reunir a todos los acreedores, conseguir un acuerdo entre ellos (la famosa "quita y espera") y, fijando unas prioridades, ir pagando sus créditos de forma ordenada. Sólo cuando no hay convenio entre los acreedores, o cuando dicho acuerdo se incumple, se procede a la liquidación de la sociedad.

Esquema básico del concurso de acreedores:

. Es un mecanismo que permite a un deudor detener el pago de las deudas que tiene pendientes, poniendo a todos los acreedores "en pie de igualdad".

. Persigue la consecución  de un acuerdo entre los acreedores sobre cómo cobrar su crédito.

. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, se procede a la liquidación de la sociedad.

. El juez puede determinar responsabilidades patrimoniales del administrador o administradores de la empresa concursada, en la denominada fase de calificación.

. Se finaliza cuando se han satisfecho las deudas afectadas por el acuerdo entre acreedores.

Al llegar a la crisis de liquidez, es cuando la mayor parte de las empresas se plantean la refinanciación de su deuda con las entidades financieras para evitar el concurso de acreedores. Aplazar la deuda a plazos más cómodos, solicitar carencias de capital y hasta incluso solicitar una nueva aportación de liquidez para cubrir el déficit de caja existente podrá ayudar para conseguir la viabilidad.

Los principios básicos que le ayudarán a acometer un proceso de refinanciación con mayores garantías de éxito son: que se realice global y al unísono, vender futuro, ser sincero, nombrar un interlocutor ajeno a su empresa, reparto proporcional, alcance y  plazos, condiciones económicas, y garantías.